20 febrero 2012
AETC
En la región existen dos
teorías por las que se manejan los sistemas penitenciarios: La “Institución
Total” de Erving Goffman y el “Control Panóptico” de Michel Foucault. La
primera se basa en un gran aparato burocrático que administra y mantiene la
vida de los presos por encierros demasiado prolongados; la segunda es el afán
de clasificar y organizar a las poblaciones a través de la invención de
ilegalidades. Ambas teorías desencadenan lo que se conoce “la criminalización
de la pobreza” de donde a la vez emanan un gran número de problemas.
Los problemas que se viven en
las cárceles de la región son la sobrepoblación, debido al aumento de índices
delictivos y un gran déficit en las políticas de reinserción de los presos a la
sociedad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
América Latina el promedio de sobrepoblación carcelaria era de 140% para 2000
donde el 80% era de escasos recursos o desempleados, quienes no gozaron de una
defensa eficiente en su caso y cumplen una condena indefinida.
El desempeño de las
instituciones administradoras y el nivel de corrupción son el segundo gran
problema. La investigación o no de los casos, además de la compra-venta de
alcohol, drogas, comida o celdas que no estén en sobrecapacidad o con mayores
lujos son sus variables. Además la manera de cómo fueron arrestadas las
personas ya que muchas denuncian violaciones de sus garantías por parte de los
judiciales al no proporcionarles defensa inmediata o forzarlos mediante
torturas a declarar sobre el presunto delito.
Toda esta problemática,
llevada a la práctica desata las últimas dos catástrofes en cárceles que se han
visto en esta semana. La primera, el miércoles 15 de febrero en una prisión de
Honduras, Comayagua, donde murieron más de 350 reos en un incendio
supuestamente provocado por un corto circuito o por un preso en estado de
ebriedad incendiando un colchón. La segunda, este domingo en el penal de
Apodaca, Nuevo León, México donde hubo una riña entre presos del cártel de El
Golfo y los Zetas; 44 muertos y 30 prófugos fue el saldo, además de un
enfrentamiento entre familiares y policías en las afueras de la prisión.
La sobrepoblación debido a la
falta de una política de investigación en los casos: en Apodaca es de 60%
mientras en Comayagua es de más del 300%; la corrupción que existe en los
penales y las instituciones administradoras de justicia donde encierran a la
gente en prisiones sin darles una sentencia, una defensa o posibilidades de
reinsertarse en la sociedad productivamente, convirtiendo estos lugares en una
verdadera escuela para el crimen. Son causas que han provocado la violencia y
motines en las cárceles de todos los países latinoamericanos.
Al igual se puede observar que
a pesar de la sobrepoblación de las cárceles, el crimen y la violencia no cesan
en la región. Esto trae a la conclusión que el “control panóptico” y el
endurecimiento de las leyes no es la solución ante el clima de violencia que
vivimos actualmente. Sino reales políticas de poder blando en las comunidades
olvidadas, donde no existe educación, empleo ni oportunidades reales de
sobrevivir en este entorno de crisis económica y escasez. Como es el caso de
Chalco, Estado de México, donde la gente no confía en las autoridades y
prefiere hacer justicia por su propia mano. El gobierno PRIísta de Eruviel
Ávila erróneamente solo encarceló a los culpables y no hará nada por cerrar esa
brecha enorme entre gobierno y población.
En este contexto de Campañas Presidenciales y
cuestionamiento de la política de seguridad de Felipe Calderón, uno de los
puntos esenciales que se deben tratar es el problema de las cárceles y la
reinserción social de los reos; además del necesario y urgente acercamiento del
gobierno con la población por medio de políticas sociales, no de más policías
ni de ejército en las calles ni endurecimiento de las leyes existentes.
